Ante la “Carta abierta” del Colegio de Magistrados y Funcionarios dirigida al Gobernador Scioli días atrás, la Asociación Judicial Bonaerense realizó en la fecha una solicitada, en la cual se refleja el sentir de miles de Trabajadores Judiciales de la provincia de Buenos Aires, la que transcribimos a continuación:
«… Que resulta inaudito que la representación de los magistrados se queje por la falta de claridad en las negociaciones salariales, cuando es el único sector del Estado que negocia sus sueldos “en secreto” y a espaldas del conjunto de la ciudadanía; tal como hicieron para lograr un aumento salarial exclusivo en diciembre de 2014. También es curioso que el Colegio de Magistrados exija que se termine con el destrato hacia su sector, cuando previo al aumento tenían salarios promedio de entre 50 y 120 mil pesos mensuales, se encuentran excluidos del pago del impuesto a las ganancias (merced a una resolución dictada por ellos mismos) y, a diferencia del resto de los estatales, cobran todos sus años de antigüedad al 3%. Por otra parte, los magistrados exigen un trato preferencial por ser quienes asumen la responsabilidad de tutelar los derechos de los ciudadanos. Pese a ello, la realidad muestra que son los empleados y funcionarios quienes garantizan el funcionamiento de la Justicia, asumiendo gran parte de las tareas que deberían ejercer los jueces, fiscales y defensores. Hay decenas de juzgados que funcionan sin juez titular, pero no se conoce ninguno que se sostenga sin empleados y funcionarios. El Colegio de Magistrados opone falsamente la porcentualidad salarial al enganche con la Justicia Nacional. Ambos no sólo estuvieron vigentes hasta fines de 1991, sino que el sistema porcentual es la garantía de que ese enganche se proyecte a todo el Poder Judicial; para que no ocurra como en varias provincias, donde los magistrados tienen el enganche nacional mientras que los empleados y funcionarios están excluidos de ese régimen. Sería interesante que los magistrados explicaran por qué gran parte del Poder Judicial no actúa decididamente -como es su obligación constitucional- contra la sistemática violación de derechos humanos operada en cárceles y comisarías, por sólo mencionar casos gravísimos. La AJB repudia lo manifestado por el Colegio de Magistrados a la vez que reafirma su firme convicción de la necesidad de democratizar la Justicia para terminar de una vez por todas con los privilegios de un sector minoritario del Estado provincial que, amparado en la “independencia” del Poder judicial, pretende no rendirle cuentas a nadie…»
Fuente: http://www.ajb.org.ar/wp-content/uploads/aviso-solicitada-31-de-marzo-2013-web.pdf
