A partir del decreto regulatorio de la llamada “Ley de Reparación Histórica de los jubilados”, el gobierno de Cambiemos busca lanzar un nuevo ataque a los trabajadores en el marco del ajuste que viene desarrollando. Tal como dicho decreto sostiene, los sistemas previsionales provinciales deberán “armonizarse” con el sistema nacional (ANSES), por lo que las condiciones jubilatorias se verían seriamente afectadas, provocando la pérdida de derechos adquiridos.
Asimismo el mencionado decreto regulatorio de la Ley 27.260 (Reparación Histórica a los Jubilados) incluye entre su articulado un cambio especifico de las condiciones de jubilación de todas las cajas previsionales provinciales, el que ambiguamente da en llamar “Armonización”.
LA LEY 27260 de “Reparación Histórica”
El Artículo 27 de la Ley 27.260 indica: “Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional”.
Esto quiere decir que TODOS los sistemas previsionales provinciales poseen un plazo de 120 días para comenzar a cumplir con los requisitos que se imponen desde la norma. La “armonización” no es opcional y no está atada a la asistencia financiera de ANSES. Para el caso que las provincias acudan al financiamiento de sus cajas, deberán cumplir distintos plazos en el proceso de armonización, a fin de conseguir su financiamiento, según el arreglo al que cada provincia arribe con el organismo.
Con el pretexto, al parecer benevolente, de compensar asimetrías de los sistemas previsionales provinciales que si transfirieron sus cajas al ANSES, se pretende que todas las provincias lo hagan. Todas aquellas conquistas de los trabajadores provinciales, judiciales, docentes y estatales, no tendrán garantizadas su continuidad en virtud que la mencionada “armonización” pone en pie de igualdad a todas las provincias. Es decir, aquellas que vaciaron sus cajas previsionales, con aquellas que no lo hicieron y que al momento no necesitan ayuda financiera de ANSES. Es el típico caso de igualar para abajo.
EL Decreto-Ley 894/2016.
El artículo 26 de este decreto-ley explica claramente qué significa “armonización”: “Por armonización normativa se entiende la convergencia de la legislación provincial con la nacional en cuanto a los siguientes conceptos: 1) edad de acceso a una Jubilación Ordinaria; 2) alícuotas de Aportes Personales y Contribuciones Patronales; 3) cantidad de años de servicio con aportes efectivos; 4) determinación del haber inicial; y 5) mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios”.
Esto significa básicamente que todas las provincias coincidan en las condiciones jubilatorias: aportes, edad mínima de jubilación, monto de jubilación mínima y subas de los montos jubilatorios, los que serán regidos por la normativa de Anses.
Este proceso de “armonización” no podrá exceder el plazo de 4 años, según manda el Artículo 27 de la mencionada ley. Asimismo, este sostiene que el financiamiento de las provincias estará condicionado al avance del proceso de armonización, sin embargo ni en el decreto regulatorio, ni en la propia ley nacional se aclara que aquellas provincias que no necesiten asistencia financiera no deban armonizar sus fondos provinciales , sino más bien lo contrario.
La Unidad como única herramienta para frenar un nuevo avance sobre el IPS
Ante esta acuciante problemática que atravesamos no solo los judiciales sino el conjunto de los Estatales, desde la Asociación Judicial Bonaerense se han encarado diversas gestiones con legisladores de las diferentes fuerzas políticas con representación en la legislatura provincial, así es que se han mantenido reuniones con representantes del Frente para la Victoria y del Frente Renovador entre otros, a los cuales se les manifestó nuestra ferviente oposición como sindicato a este conjunto de leyes que hacen peligrar derechos adquiridos por los trabajadores.
Frente a esta situación, resulta imprescindible lograr la más amplia unidad de todos los sectores afectados, articulando las medidas necesarias que logren resguardar no solo los derechos de aquellos que se encuentran prontos a alcanzar la edad jubilatoria sino también de las generaciones venideras.
