Tras el golpe de Estado efectuado el 24 de marzo de 1976, del que hoy se cumplen 40 años, en el que se instauró en el país una Dictadura que implantó el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina y posibilitó la imposición de un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto requerido por los centros de poder internacional y los grupos económicos concentrados. Este golpe no constituyó una irrupción abrupta, sino que se insertó en una cultura política atravesada por prácticas de violencia estatal y paraestatal, y por la continua alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante todo el siglo XX.
El objetivo de eliminar al activismo social, desmantelar la organización popular, disciplinar a la sociedad y vaciarla hasta de su propia memoria, requirió poner a la totalidad de las instituciones del Estado al servicio del terror. Y tras el golpe de 1976, la dictadura cívico militar institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado: la metodología de secuestro-tortura-desaparición y la instauración de los centros clandestinos de detención ( constituyendo una red de más de 500 centros desplegados a lo largo del país) como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de diseminación del miedo hacia la sociedad. Era prioritario para las Fuerzas Armadas a cargo del Ejecutivo eliminar cualquier disenso que pudiera cuestionar o contradecir el discurso oficial por ellas esgrimido.
Si bien indiscutible que a 40 años de que las Fuerzas Armadas, invocando razones de seguridad nacional,asumieron el poder en la Argentina, adoptando, en consecuencia, una serie de medidas destinadas a eliminar las instituciones democráticas establecidas en la Constitución e instituir mecanismos sistemáticos de represión – como la suspensión indefinida de derechos y garantías judiciales fundamentales, a la par de la construcción de un poderoso aparato clandestino, mediante el cual se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y desaparición forzada, contra miles de personas, ocultación de restos, hijos e hijas recién nacidos y todo tipo de pruebas-, lo cierto es que la finalidad central de quienes promovieron del Golpe del 76, a saber: los centros de poder ligados a la banca financiera internacional y los grupos económicos fuertemente concentrados, fue verse favorecidos por las medidas económicas que sus secuaces civiles (en ejercicio por ante las carteras ministeriales de la Administración Pública Nacional) dispusieran a la sazón tras la toma del poder por las armas. Será José Alfredo Martínez de Hoz el encargado de principar y ejecutar como Ministro de Economía de Argentina (29 de marzo de 1976 -31 de marzo de 1981) los designios de aquéllos. Sólo basta recordar que, al momento del Golpe cívico militar del 76, la Deuda Externa Argentina alcanzaba los 5.000 millones de dólares, dejándo tras su paso la sideral suma de 55.000 millones de igual moneda.
Hoy día, la racionalidad adoptada por tales poderes de facto – que sobrepasa, por demás al de los Estados Nacionales actuales – desaconseja la instauración de los campos de exterminio a gran escala para aquellos que se atrevan discutir su hegemonía, su agenda política y económica, exceptuándose, claro, a algunos paises del Medio Oriente. Es cierto. Como cierto es que, en definitiva, lo que está en juego en la actual coyuntura planetaria es, no la cuestión de izquierdas o derechas tan cara al siglo 20, sino más bien, la opción por un mundo dispuesto a excluir o, más bien, a incluir.
Los Golpes de Estado de hoy eligen otra metodología a la adoptada en el 76. Ahora, pueden promoverse, abierta y cínicamente, mediante los monopolios mediáticos escandalosamente concentrados, con el auxilio, claro, de los vacíos institucionales que las distintas administraciones a lo largo de nuestra historia no han sabido – o no han podido, o no la han dejado – cubrir lo suficientemente a fin de evitar que las poderosas corporaciones se enquisten y controlen los resortes del Estado. Y el Poder Judicial no es un actor externo en toda esta historia. Por ello, está llamada, inexorablemente, a llevar hasta las últimas consecuencias su anhelada democratización.
Será Memoria,
Será Verdad,
Será Justicia.
Por: Luciano Ponce
