La AJB solicitó el inicio de un jury para el Fiscal General Adjunto y dos agentes fiscales de Lomas de Zamora por mal desempeño de sus funciones y persecución a funcionarios judiciales. El rol del Procurador General.
jul 6, 2021
La Asociación Judicial Bonaerense presentó ayer ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de apertura de Jury contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera; Pablo Rossi, titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional; y Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1; por mal desempeño de sus funciones en el marco de la persecución a funcionarios judiciales de Lomas de Zamora, en especial contra el Juez de Garantías Gabriel Vitale, afiliado al gremio.
Según consta en la denuncia realizada por la AJB –que se suma a otros pedido de jury impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria y AJUS-, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
Entre los hechos denunciados se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.
Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava en el Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho.
Tal como fue denunciado, esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert. Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado.
El accionar de los fiscales motivó que el juez de la Suprema Corte Eduardo De Lazzari, en el marco del Expte. 3001-25625/20 el 10 de diciembre de 2020, denunciara “la inadmisible persecución de que viene siendo objeto el señor Juez de Garantías de Lomas de Zamora Dr. Gabriel Vitale […] Todos los jueces del Departamento se excusaron razón por la cual mientras se decide la cuestión la causa no tiene juez de garantías que asegure el debido proceso. En esas condiciones, el fiscal Bisquert dispuso la continuación de la IPP a pesar de la carencia de magistrado interviniente y dispuso diversas medidas […] Este trámite es verdaderamente escandaloso. El señor fiscal se ha autoerigido en órgano jurisdiccional y ha subvertido todas y cada una de las garantías del debido proceso […] lo que ofende toda idea de Justicia y Estado de Derecho. Es soportar en silencio el quebrantamiento estrepitoso de las garantías de la defensa y de las reglas que impone el debido proceso”.
A partir de esa investigación y avalando la conducta persecutoria e ilegal de los fiscales de Lomas de Zamora, el Procurador General Julio Conte Grand promovió juicio político contra Vitale, trámite que se encuentra en su etapa inicial.
Otra muestra de la utilización del Ministerio Público Fiscal en el avasallamiento de la independencia judicial a través de procesos penales es el caso de la jueza Civil y Comercial María Zulema Vila, quien como consecuencia de su intervención en el concurso preventivo de una importante empresa de colectivos fue perseguida penalmente por el fiscal Pablo Rossi. Habilitada su intervención mediante una manipulación en la asignación de la IPP, Rossi decide imputar a Vila y pedir su desafuero, pese a que los trámites del concurso fueron confirmados por la Cámara del fuero. En un hecho inédito que revela la gravedad institucional del caso, luego de la persecución padecida por Vila las y los magistrados del fuero Civil y Comercial se excusaron de intervenir en el proceso mediante una presentación unificada, donde entre otros argumentos manifiestan que “nos resulta difícil comprender que el ataque impartido se funde únicamente sobre la forma de resolver o como lo hace en el ejercicio de su ministerio y convicción. (…). Y, en la propia violencia moral por así decirlo, se ven involucradas cuestiones institucionales objetivas de suma gravedad, las cuales revelan un embate sobre la independencia de los magistrados y el principio constitucional del juez natural”. Una vez más, el Procurador General acompañó lo actuado por Rossi y sostuvo el proceso de enjuiciamiento de Vila, incluso recurriendo la decisión del Jurado que dispuso el cierre de las actuaciones.
Presión política sobre el Poder Judicial
La causa armada para presionar al Juez Vitale tuvo como trasfondo una clara intención política: el entonces gobierno de Mauricio Macri quería arremeter contra Hugo Moyano por su rechazo a las reformas laborales y previsionales y para eso necesitaba “controlar” la causa por asociación ilícita que implicaba al dirigente de camioneros. Vitale, en salvaguarda de las garantías procesales no cedió a las presiones políticas, y eso desató una feroz persecución ilegal en su contra, como ocurrió con el juez Luis Carzoglio.
En todo este entramado, la Procuración General bonaerense no fue indiferente y jugó su partida. En los hechos señalados fue la propia Procuración quien habilitó los registros informáticos para realizar las actividades de espionaje contra Vitale.
“Para consolidar el respeto de la independencia de las y los magistrados y su efectiva protección para intervenir en los procesos judiciales sin presiones del poder político, resulta necesario exponer estos hechos gravísimos al conocimiento del conjunto de la sociedad. En el mismo sentido, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá en sus manos la oportunidad inigualable de brindar una señal clara de que la persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Como vemos, la modalidad de “lawfare” bonaerense nada tiene que envidiarle a la de la Justicia federal y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuyo entramado investigaba el Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y de la que la AJB ha sido una de tantas víctimas. Ahora es el Jurado de Enjuiciamiento quien deberá decidir si da curso al jury contra Scalera, Rossi y Bisquert y desarticula este “modus operandi” de armado de causas y presión de los fiscales de Lomas de Zamora.
