El miércoles se reúne la Comisión Bicameral para evaluar si acepta el rol de acusador en la causa contra el Fiscal General Adjunto y dos agentes fiscales de Lomas de Zamora por mal desempeño de sus funciones y persecución a magistrados.
ago 10, 2021
El próximo miércoles se reunirá la comisión bicameral conformada por las y los diputados bonaerenses Mario Giacobbe (17 de noviembre), Juan Pablo De Jesús, Carlos Julio Moreno, Luciana Padulo, Germán Di Césare (del Frente de Todos), Maricel Etchecoin Moro y Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio); y las y los senadores Lorena Petrovich, Leandro Blanco, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), Agustina Porpato y Adrián Santarelli (Frente de Todos), que deberá evaluar si impulsa bajo el rol de acusador el pedido de enjuiciamiento contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera; contra el titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo Rossi; y contra Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1, por mal desempeño de sus funciones en el marco de la persecución a funcionarios judiciales de Lomas de Zamora.
Recordemos que tanto la AJB como la Comisión Provincial por la Memoria y AJUS, presentaron denuncias contra estos funcionarios judiciales por realizar investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados -entre ellos al Juez de Garantías Gabriel Vitale, afiliado al gremio- y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
Mal desempeño: los hechos
En la denuncia realizada por la AJB se cuestiona la actuación simultánea de Sebastián Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Ese esquema le habría servido para direccionar ciertas causas de relevancia política y mediática para sí o hacia las unidades de los fiscales Rossi y Bisquert.
Otro de los hechos cuestionados es que en un claro exceso de sus funciones, el Fiscal General Adjunto Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava del Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho.
Esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert. Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado.
Una muestra más de la utilización del Ministerio Público Fiscal en el avasallamiento de la independencia judicial a través de procesos penales es el caso de la jueza Civil y Comercial María Zulema Vila, quien como consecuencia de su intervención en el concurso preventivo de una importante empresa de colectivos fue perseguida penalmente por el fiscal Pablo Rossi. Habilitada su intervención mediante una manipulación en la asignación de la IPP, Rossi decide imputar a Vila y pedir su desafuero, pese a que los trámites del concurso fueron confirmados por la Cámara del fuero. También en este caso el Procurador General acompañó lo actuado por Rossi y sostuvo el proceso de enjuiciamiento de Vila, incluso recurriendo la decisión del Jurado que dispuso el cierre de las actuaciones.
Estos y otros hechos deberán ser evaluados por las y los diputados y senadores bonaerenses que conforman la Comisión Bicameral, y en base a ello decidir si aceptan el rol de acusador en el proceso de enjuiciamiento abierto a partir de las denuncias realizadas por la AJB, la Comisión Provincial por la Memoria y AJUS.
