Con la extensión del aislamiento social obligatorio la situación en materia de género se agrava, profundizándose los niveles de violencia y la desigualdad e inequidad de género.
En materia de violencia de género, desde el inicio de la cuarentena se registraron 23 femicidios en nuestro país y un aumento del 60% en las denuncias a través de la línea 144 en la provincia de Buenos Aires.
La cercanía con el agresor intensifica el riesgo al que se ven expuestas las víctimas, los mecanismos de sometimiento, control y poder que los violentos ejercen sobre las mujeres y disidencias se incrementan, como así también disminuyen en el contexto de aislamiento la autonomía y la posibilidad de acceder a instancias de asistencia o contención.
Hace horas se conocieron los femicidios de Camila Tarocco de Moreno, Priscila Martinez de Santiago del Estero y Jesica Minaglia de Santa Cruz, todos con elementos de horror. Respecto del femicidio de Moreno, después de once días de búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de Camila Tarocco dentro de una bolsa y enterrado a doscientos metros de la casa de su ex pareja Ariel Alberto González. González fue indicado por un testigo clave como el principal sospechoso de la desaparición y femicidio de Camila. Al momento de encontrarse el cuerpo, éste ya se encontraba detenido en la causa por el delito de falso testimonio, además contaba con antecedentes por violencia de género y también había sido denunciado por Camila con anterioridad. Al momento del hecho gozaba del beneficio de libertad condicional, dictada por el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y una restricción perimetral respecto de la víctima. Otra vez el Poder Judicial y el Estado ausentes, desatendiendo todas las alertas y, como consecuencia de ello, un nuevo femicidio evitable en contexto de cuarentena.
“El abordaje de la violencia debe necesariamente atender toda su complejidad. Complejidad que se profundiza en un contexto de aislamiento social. En materia de denuncia, no sólo debe ser accesible a través de una política pública anclada en la realidad de las mujeres y disidencias que padecen violencia, sino que también esa política debe estar acompañada de una respuesta integral y transversal del Estado”, señaló Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB. Agregando que “una de las cuestiones impostergables es la declaración de la emergencia nacional en violencia de género y la asignación urgente de presupuesto para las leyes y políticas de género. La prevención y la asistencia integral a las víctimas debe articularse desde el Estado con recursos e infraestructura para abordar la cuestión de género”.
El Poder Judicial es uno de los eslabones del Estado que viene dando una respuesta deficiente ante la violencia de género. Las dificultades para el acceso a la justicia, la revictimización, la violencia institucional, la falta de seguimiento de las medidas de protección y de perspectiva de género, son una realidad cotidiana en los tribunales.
En el contexto de aislamiento social se readecuaron los mecanismos de respuesta, estableciendo un sistema de guardias mínimas para la recepción y tramitación de urgencias que debe ser sostenido por las y los magistrados y funcionarios. La implementación de una línea telefónica para denuncias y la prórroga de las medidas precautorias vigentes al momento de la disposición del aislamiento obligatorio eran medidas necesarias, pero a la vez insuficientes si no se desarrollan en conjunto con otras que mejoren el acceso a la justicia en el contexto de pandemia y la modificación de la matriz machista y patriarcal del Poder Judicial.
Condiciones de trabajo durante la pandemia
Otro de los aspectos íntimamente relacionado con la deficiente respuesta que brinda el Poder Judicial en materia de género, es el referido a las condiciones de trabajo y la vulneración de derechos laborales a las que se ven expuestas las trabajadoras y los trabajadores del sector. La falta de nombramiento de personal, las condiciones de trabajo cada vez más precarias y las condiciones edilicias y de infraestructura son algunas de las dificultades que atraviesan las compañeras y compañeros a la hora de tener que dar respuesta a las causas de género, situaciones que se ven agravadas en el contexto actual.
La AJB exige a la Suprema Corte y a la Procuración General que se cumplan con las medidas de seguridad e higiene, la provisión de elementos para el cuidado personal y la limpieza en los edificios, como así también la implementación de protocolos de actuación, cuestiones fundamentales para la protección de aquellas compañeras y compañeros que están asignados a las guardias mínimas en este período. Además desde el sindicato se advirtió al máximo Tribunal que se denunciarán los incumplimientos y se dictará una medida de retención de tareas si no se encuentran aseguradas las condiciones para cumplir la labor.
En el mismo sentido, el intento de instalación de la modalidad del teletrabajo modifica sustancialmente las condiciones laborales e impacta de manera negativa con mayor incidencia sobre las mujeres, que tienen además sobre sí la mayor carga de las tareas de cuidado y del hogar: el 75 % de estas tareas recaen habitualmente sobre las mujeres, y en el marco del confinamiento obligatoria ese porcentaje se incrementa.
Al respecto, Bertone expresó que “ninguna modificación laboral puede propiciarse sin convocar a un ámbito paritario y sin atender la perspectiva de género y el criterio de salud. Por este motivo también desde el sindicato se exige la dispensa laboral de aquellas personas que se encuentran al cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; personas que se encuentren en situación de lactancia, como así también las que conviven con grupos de riesgo y que se trasladan en transporte público”.
“Es prioritaria la incorporación de la perspectiva de género en la respuesta ante la pandemia, debatida y decidida en ámbitos mixtos con participación de las trabajadoras y trabajadores, y donde se dé preponderancia a los criterios de salud y cuidado de la vida de las y los trabajadores. La pandemia dejó en evidencia también una deuda imperdonable del Poder Judicial que es la creación del área de políticas de género con participación de las trabajadoras y la implementación efectiva de la Ley Micaela”, finalizó Bertone.
