La AJB se suma al repudio internacional por la suspensión del magistrado chileno, luego que otorgara el arresto domiciliario a jóvenes chilenos detenidos durante la ola de protestas populares en ese país.
La Asociación Judicial Bonaerense se suma al llamado continental que efectúa la “Red Plurinacional de Jueces y Juezas de Las Américas” denunciando la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile de suspender al magistrado. En efecto, ese tribunal no sólo anuló la resolución del Juez de Garantías Daniel Urrutia Laubreaux, que otorgaba el arresto domiciliario a trece jóvenes detenidos por presuntos desórdenes públicos en el marco del estallido social que atraviesa el hermano país, sino que además ordenó el inicio de un proceso disciplinario en su contra y su inmediata suspensión preventiva.
La decisión del magistrado Urrutia Laubreaux buscaba asegurar la salud de los jóvenes ante la pandemia COVID-19, basándose en las calificadas opiniones de autoridades sanitarias y científicas mundiales (OMS, OPS, CDC), como así también la recomendación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en punto a evitar el hacinamiento de las personas privadas de libertad, aplicando para ello diversas alternativas a la prisión; en particular, respecto de quienes enfrentan reproches por delitos menores y/o para quienes esperan en prisión preventiva su juicio.
Indudablemente, la cuestionada decisión busca sancionar a un magistrado apegado al respeto por los derechos humanos y con ello disciplinar a aquellas y aquellos jueces que apliquen un temperamento contrario a la respuesta violenta que institucionalmente adoptó el gobierno de Piñeira frente al grave conflicto social que atraviesa Chile.
El Decreto Supremo 4078 del Poder Ejecutivo, que exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en operativos de restablecimiento del orden público bajo legítima defensa o en estado de necesidad es una clara evidencia de ello. Dicha norma fue descalificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de que promueve la represión violenta y contraviene la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
La postura del juez Urrutia se contrapone a decisiones como la de su colega del Juzgado de Garantías de Villa Alemana, Daniela Rodríguez, que convalidó la investigación de cinco adolescentes detenidos por Carabineros ante presuntos desórdenes públicos producidos durante las manifestaciones registradas en cercanías del municipio local; y al pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dejó sin efecto la prisión preventiva de seis carabineros imputados por torturas y abuso sexual, cometidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda contra John Braco Garrido. Decisiones que ponen de manifiesto la complicidad del Poder Judicial con la política criminal llevada adelante por el Poder Ejecutivo.
Al respecto, Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB expresó que “una respuesta institucional de esta naturaleza viola la división de poderes y pone en riesgo cierto la plena vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos indispensables para la subsistencia real de un Estado democrático de derecho”.
Agregando que “En un hecho histórico para Latinoamérica, el 13 de Septiembre del 2013, el Colegio de Magistrados y Magistradas de Chile pedía perdón públicamente al pueblo por la respuesta del Poder Judicial frente a la represión durante la dictadura militar, y asumía que no era posible eludir su responsabilidad histórica en la vulneración de los derechos humanos producidos en ese período histórico”.
“Sin embargo, con decisiones de este tenor hoy el Poder Judicial vuelve a convalidar el avasallamiento de garantías constitucionales por parte del Poder Ejecutivo. Que el horror no se repita”, finalizó Fernández.
