La AJB exige al Poder Judicial el apartamiento de sus cargos de los magistrados imputados por delitos de lesa humanidad.
jun 26, 2020
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio como “Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, con vistas a su erradicación total y a la aplicación efectiva de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, que entró en vigencia el 26 de junio de 1987.
La tortura es considerada un crimen en el derecho internacional, en razón de destruir la personalidad de la víctima y constituir un desprecio a la dignidad intrínseca de todo ser humano. Además de estar expresamente prohibida, no puede justificarse en ninguna circunstancia, ni permitirse que quienes son partícipes de su consumación queden impunes.
En ese sentido, la prohibición y la sanción de la tortura forman parte del derecho consuetudinario, es decir, que resulta vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aún si un Estado no ha ratificado las convenciones internacionales en las que explícitamente se la prohíbe.
Su práctica sistemática y generalizada, tal como ocurrió durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, constituye un crimen contra la humanidad que el Estado tiene el deber de investigar y sancionar. En Argentina, por la división de poderes establecida por la Constitución Nacional, ese deber recae sobre el Poder Judicial.
Sin embargo, ese deber de investigación y sanción emergente del compromiso internacional se ve seriamente comprometido cuando el Poder Judicial tiene entre sus integrantes a magistrados procesados por la comisión de delitos de lesa humanidad, como es el caso del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, imputado de tres hechos de tortura; o del juez Pedro Hooft, imputado por incumplir sus deberes de investigar y castigar la detención, torturas y homicidios cometidos por miembros del aparato represivo estatal.
“A lo largo de su historia, la AJB ha mostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, siendo parte entre otras cuestiones de los pedidos de juicio político a magistrados acusados de cometer delitos de lesa humanidad”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense.
“Le exigimos al Poder Judicial y al poder político que den señales claras a la sociedad, apartando de su cargo a estos magistrados y avanzando en el proceso de jury que permita su destitución y posterior juzgamiento en el fuero penal”, agregó Fernández.
El Estado debe eliminar las contradicciones existentes entre un sistema normativo que garantiza la vigencia plena de los derechos humanos y una praxis institucional que, aún con los avances conquistados por la movilización popular, sostiene impunidad en numerosos casos mediante la inacción del sistema penal y la ineficacia de los mecanismos de enjuiciamiento de magistrados y magistradas.
