Fruto de la lucha feminista, el Tribunal de Casación anuló el fallo que dejaba impune el femicidio de Lucia Pérez y ordenó un nuevo juicio con perspectiva de género.
ago 15, 2020
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló el fallo dictado en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata -que absolvió a los tres imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez-, y ordenó realizar un nuevo juicio con perspectiva de género. En el fallo de 2018, el TOC N° 1 se encontraba integrado por entonces por los jueces Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Juan Facundo Gómez Urso y los imputados fueron Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel.
El fallo que dejó impune el femicidio de Lucía generó el repudio e indignación de su familia y de todo el movimiento feminista, cuando aquel 26 de noviembre de 2018 se conocieron los fundamentos de la sentencia exculpatoria. La reacción no se dejó esperar: el 5 de diciembre se convocó un paro nacional con movilizaciones multitudinarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Mar del Plata y en diferentes ciudades del país, repudiando la justicia machista y patriarcal, y contra los femicidios y la violencia de género.
Desde el mismo momento en que se conoció la sentencia, la AJB sostuvo sin dudar la ilegalidad e ilegitimidad del fallo y la falta de perspectiva de género. Dicha posición fue debatida en el Congreso Provincial del gremio, en el que por amplia mayoría las y los congresales resolvieron convocar a un “Paro Total y Movilización”, convencidos de “que las peleas se dan y se ganan en las calles”. Asimismo, se sostuvo la exigencia del juicio político a los magistrados y a la fiscal encargada de la instrucción de la causa, cuya falta de ética en el manejo mediático del caso provocó mucho dolor en las y los familiares y amigos de Lucía.
El desarrollo de aquel juicio oral y las consecuentes reacciones institucionales expusieron en todo su esplendor la matriz machista y corporativa del Poder Judicial. En una de las audiencias, los jueces Viñas y Carnevale descalificaron a Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, cuando ésta manifestó que la subordinación de la mujer era histórica:”¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya?”, interrogaba Viñas y remataba Carnevale “Tuvimos una presidenta mujer, tenemos una gobernadora. Esa brecha hoy no existe”.
Esas manifestaciones eran el preludio de la sentencia y esos mismos prejuicios se convertirían en criterio de apreciación cuando el Tribunal de juicio, apartándose de los estándares internacionales aplicables al juzgamiento en hechos de violencia de género, tomó aspectos de la vida privada, sexual y personal de la víctima, junto a otros estereotipos patriarcales enraizados culturalmente en nuestra sociedad para no responsabilizar a los acusados del femicidio de Lucía Pérez.
Pero ello no fue todo. Cabe recordar que al repudio, las medidas de fuerza y las innumerables acciones motorizadas por la Secretaría de Géneros de la AJB junto a la movilización de todo el movimiento feminista y la familia de Lucía, le siguió una resolución del pleno de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, por la cual pidieron a la Suprema Corte que sancionara disciplinariamente a las y los integrantes de la Departamental Mar del Plata de la Asociación Judicial Bonaerense por haber realizado asambleas y participado de movilizaciones que cuestionaban la absolución de los imputados, en una clara postura corporativa-patriarcal, antidemocrática y avasalladora de la libertad sindical. Aquélla resolución llevó la firma de Marcelo Riquert, Marcelo Madina, Esteban Viñas, Walter Dominella, Adrián Angulo, Pablo Poggetto y Raúl Paoilini.
La sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini, marca un límite a los inadmisibles argumentos que esgrimiera el Tribunal de juicio, dejando en claro que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”. Con esos fundamentos, resolvieron anular el veredicto absolutorio -que abría la puerta a la impunidad- dictado en favor de los imputados Farías y Offidani por los delitos de abuso sexual y femicidio, determinando además que Maciel también debe volver a juicio por el delito de encubrimiento.
La anulación de la sentencia es un triunfo colectivo, ya que hace tiempo venimos exigiendo una reforma judicial que incluya la perspectiva de género y derechos humanos al momento de investigar, acusar y sentenciar. Producto de esa lucha nos encontramos ante un fallo que sienta precedente para que el Poder Judicial deje de ser parte de un sistema que consagra la impunidad, la estigmatización de las mujeres y la revictimización de las asesinadas.
Cabe señalar que en el mes de mayo del año pasado, Marta -la madre de Lucía- presentó el pedido de destitución de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale por mal desempeño. Sin embargo, sólo dos de los tres jueces siguen en funciones, ya que Carnevale presentó la renuncia a su cargo, la que fue aceptada por la gobernadora María Eugenia Vidal, consagrando así su impunidad.
Seguimos exigiendo justicia por Lucía, celeridad en la disposición de una nueva sentencia y el jury a los magistrados intervinientes. En definitiva, el fin de la impunidad. Además, exigimos al Estado presupuesto para políticas públicas que contemplen integralmente el abordaje de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries. Y al Poder Judicial en particular, reclamamos una justicia con perspectiva de género, el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y la creación de un área de políticas de género en la Suprema Corte y la Procuración General, con participación de las trabajadoras y los trabajadores.
