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#NI UNA MENOS

Este 3 de junio la AJB convoca a las y los trabajadores judiciales a participar del “Ruidazo Federal” y de las actividades que se realicen en las departamentales reclamando el fin de la violencia machista.

jun 2, 2020

El femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada que fue encontrada asesinada en el patio de la casa de la familia de su novio en Santa Fe, fue determinante para que cientos de miles de mujeres y disidencias se volcaran masivamente a las calles alzando sus voces para reclamar en contra de los femicidios que se venían sucediendo sistemáticamente en nuestro país, dando origen así a las multitudinarias marchas por el #Ni Una Menos.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a cinco años de lo que fue la primera movilización por el fin de la violencia machista en todas sus expresiones, el movimiento feminista convoca a manifestarse en todo el país contra la violencia de género, los femicidios, los travesticidios y trans-femicidios; por la aprobación del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentado por la Campaña; y contra las desigualdades sistémicas que en épocas de pandemia y crisis sanitaria se exponen más cabalmente y muestran sus características de clase, de género y de raza.

Este 3 de junio, la AJB convoca a las y los trabajadores judiciales a participar del “Ruidazo Federal” y de las actividades que se realicen en las departamentales reclamando el fin de la violencia machista.

Cabe resaltar que en Argentina se registra un femicidio cada 23 horas e incontables casos de violencia de género, que durante lo que va del 2020 asumieron características de ensañamiento y horror. En la mayoría de los casos, el Estado desatendió las alertas y fallaron las medidas protectorias.

En épocas de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio esta situación se agrava: se intensifica el riesgo por la cercanía con el agresor, los mecanismos de sometimiento, control y poder que los violentos ejercen sobre las mujeres y disidencias se incrementan, y disminuyen las posibilidades de recurrir a ayuda o asistencia. Desde el inicio del aislamiento se registró un incremento en las denuncias a la línea 144. La violencia de género no se tomó cuarentena.

Al respecto, Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB, expresó que “Se debe atender la situación de la violencia de género en toda su complejidad y su profundización en épocas de cuarentena. Articular políticas públicas universales, ancladas en la realidad de las mujeres y las disidencias que son víctimas de violencia, y la asignación del presupuesto necesario para la implementación de esas políticas. En ese sentido, el Estado y los gobiernos tienen una deuda fundamental, no con los organismos de crédito ni con los dueños de las grandes riquezas, sino con nosotras”.

En particular, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que viene dando una respuesta ineficaz desde su matriz machista y patriarcal ante la violencia de género. Las dificultades para el acceso a la justicia, la revictimización, la violencia institucional, la falta de seguimiento de las medidas de protección y la falta de perspectiva de género, son una realidad cotidiana en los tribunales.

En ese sentido, las compañeras judiciales deben convivir con magistrados violentos en el ámbito laboral y también con aquellos que ejercen violencia en el ámbito familiar. Ambas circunstancias han sido denunciadas desde el sindicato, solicitando el apartamiento de su cargo de los magistrados que son denunciados por violencia de género, atento la incompatibilidad con la función pública que ejercen.

Uno de los casos más recientes es el de Gustavo Damián Lullo, titular del Juzgado de Familia Nº5 de Lomas de Zamora, recientemente denunciado por la AJB ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ejercer hechos gravísimos de violencia de género que tramitan en dos procesos penales.

La pandemia reflejó también una deuda imperdonable del Poder Judicial: la creación del área de políticas de género con participación de las trabajadoras y la implementación efectiva de la Ley Micaela. Es prioritaria la incorporación de la perspectiva de género en la respuesta ante la pandemia, debatida y decidida en ámbitos mixtos con participación de las trabajadoras y trabajadores, y donde se dé preponderancia a los criterios de salud y cuidado de la vida de las y los trabajadores.

El Poder Judicial tiene la obligación de garantizar las medidas de seguridad e higiene para aquellas compañeras y compañeros que cumplen las guardias mínimas, y la dispensa laboral de las trabajadoras en período de lactancia, las personas que se encuentran al cuidado de niñas y niños en edad escolar y las que conviven con grupos de riesgo, ya que en el 74% de los casos las tareas de cuidado y del hogar recaen sobre las mujeres y en épocas de aislamiento ese porcentaje se incrementa, como así también la falta de reconocimiento y remuneración de estas tareas de cuidado

En el ámbito del Poder Judicial la AJB exige:

• La expulsión de todos los magistrados violentos y la licencia compulsiva del juez Lullo de Lomas de Zamora mientras se investiguen los hechos de violencia denunciados.

• El cumplimiento efectivo de la Ley Micaela con participación de las y los trabajadores conforme lo estipulado en el Art. 4 de la ley.

• La creación del área de políticas de género en el ámbito de la Suprema Corte con participación de las y los trabajadores.

• La implementación del cupo laboral travesti – trans.

• El acceso igualitario a cargos y funciones.

• La implementación real, efectiva e integral de la licencia laboral por violencia de género, con participación del sindicato.

• Justicia con perspectiva de género.

• Licencias Igualitarias.

• Patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género y sus familiares.

• Convocatoria a paritarias.

• Que se garanticen la provisión de elementos de seguridad e higiene, de limpieza y control sanitario de los edificios de Tribunales, como así también la dispensa laboral de las trabajadoras en periodo de lactancia, las personas que se encuentran al cuidado de niñas y niños en edad escolar y las que conviven con grupos de riesgo.

“Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”

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