La Asociación Judicial Bonaerense exige a la Suprema Corte el apartamiento de su cargo del juez Gustavo Lullo, el inicio de las actuaciones disciplinarias y el juicio político por mediar violencia de género.
Hace pocos días tomó estado público la denuncia por violencia de género efectuada en 2019 por una funcionaria judicial contra el juez Gustavo Damián Lullo, actual titular del Juzgado de Familia N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
El magistrado fue denunciado por su ex pareja por ejercer actos brutales de violencia física y psíquica, que incluso han sido perpetrados por el juez encontrándose la trabajadora judicial embarazada y delante de lxs niñxs de la familia. Según surge de los hechos denunciados, además el magistrado se valió de su cargo para amenazar a la víctima e invocar vínculos que le brindarían impunidad. También fue denunciado que Lullo violó la medida de restricción de acercamiento impuesta por el juez de garantías, al haberse presentado impunemente en un festejo del ámbito judicial en que se encontraba presente la denunciante. El juez Lullo ya había sido denunciado con anterioridad en su primer matrimonio por violencia física y maltrato.
“Exigimos a la Suprema Corte que disponga una licencia compulsiva al juez Lullo mientras se lleve a cabo la investigación, y las correspondientes medidas de protección para la trabajadora. No podemos permitir que permanezcan en funciones magistrados que se encuentran denunciados por hechos tan aberrantes, y que además continúen interviniendo en causas que involucran violencia de género, siendo ellos mismos agresores. Hay una incompatibilidad manifiesta entre su función de juez y los hechos denunciados”, expresó Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
Por su parte, Gustavo Lullo es actualmente coordinador de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora. Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la AJB insta a esta entidad a disponer la separación preventiva del magistrado de ese rol y garantizar la observancia de esas conductas con una actitud de denuncia y sanción.
Otra vez nos encontramos frente a un magistrado que ejerce violencia de género. Inevitablemente, nos remite al caso de Claudio García, recientemente destituido luego de haber sido denunciado por el sindicato por haber incurrido en hechos de acoso sexual y violencia laboral.
No sólo eso, Lullo es uno de los magistrados que sostiene la instalación en los tribunales de la provincia de Buenos Aires del falso síndrome de alienación parental (falso SAP) utilizado como defensa por pedófilos en causa judiciales de abuso, motivo por el cual pesa sobre él una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento.
La repetición de estos hechos cometidos por altos funcionarios del Poder Judicial pone de manifiesto la necesidad urgente de modificar el sistema de selección de magistrados en la provincia de Buenos Aires. Este reclamo histórico del gremio judicial apunta a la inclusión de mecanismos por los que la selección de jueces se desarrolle de manera transparente y democrática, con participación de la ciudadanía y perspectiva de género.
A lo que se le agrega la necesidad imperiosa de que se cumpla efectivamente con la capacitación obligatoria estipulada por la Ley Micaela, que tal como lo establece la propia norma debe contar con la participación del sindicato y la creación de un área de políticas de género en el ámbito de la Suprema Corte.
