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Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La AJB convoca a las trabajadoras judiciales a parar este 8 de marzo en el marco del “V Paro Internacional Feminista” y a participar de las actividades y marchas que se organicen en todas las localidades de la provincia.

mar 6, 2021

En el marco del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, las secretarias y referentes de género de las diecinueve departamentales de la AJB discutieron y consensuaron la difusión de un documento único sobre el rol del Estado, en particular el Poder Judicial, en la prevención de las situaciones de violencia de género, ante las alarmantes cifras de femicidios y travesticidios en nuestro país.

Compartimos el documento.

8M: Documento de las y les Trabajadores Judiciales de la

Provincia de Buenos Aires hacia el “V Paro Internacional Feminista”

Este 8 de marzo, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries judiciales nucleades en la Asociación Judicial Bonaerense paramos y movilizamos en el marco del “Día internacional de las mujeres trabajadoras”. Venimos con la fuerza del movimiento feminista y la histórica conquista de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a expresar que:

¡No Somos Cómplices de la Justicia machista y patriarcal!

En los dos primeros meses del año, en nuestro país hubo más femicidios y travesticidios que días calendario. En la mayoría de los casos se registraron denuncias previas ante la justicia e incluso se habían dispuesto medidas de restricción perimetral que se encontraban vigentes al momento del femicidio, como así también se había dispuesto el otorgamiento del botón antipánico.

Sabemos de sobra el enorme esfuerzo que hacen a diario nuestras compañeras, compañeres y compañeros que trabajan en los fueros más sensibles, en los que se atienden las denuncias por violencia de género. Pero también sabemos que lo hacen en condiciones laborales cada vez peores que inciden en la respuesta deficiente que tiene el Poder Judicial en materia de género.

El crecimiento exponencial de las causas en los fueros de familia, juzgados de paz, fiscalías y defensorías; la falta de recursos y de personal para el abordaje integral y específico; los salarios insuficientes y las pésimas condiciones edilicias, son algunos de los problemas que como trabajadoras y trabajadores enfrentamos. Para poder dar respuestas adecuadas a las mujeres e identidades diversas que se acercan a Tribunales en busca de protección, es imprescindible dar una solución a estas problemáticas y que además se conformen de manera urgente equipos técnicos suficientes e integrados por profesionales de todas las disciplinas involucradas.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General y los magistrados son responsables

Les trabajadores judiciales no somos cómplices de esta justicia que no escucha a las víctimas, sus denuncias y advertencias, ni los antecedentes de los agresores. Una justicia que además condena, revictimiza, discrimina y estigmatiza a mujeres y disidencias como parte de una estructura de poder y un sistema social que tiene al patriarcado como su principal aliado.

Las víctimas de violencia de género buscan en los tribunales protección, reparación y justicia. Lejos de ello, encuentran procedimientos y sentencias que no respetan los más mínimos estándares en materia de género. El derecho al trato digno, humanizado y especializado; a ser escuchades; a la información; a la amplitud probatoria y a participar activamente en el proceso; a la protección del Estado garantizando la integridad física y psíquica; a la asistencia brindando orientación, asesoramiento y acompañamiento, y a la reparación integral del daño, son algunas de las vulneraciones diarias en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Son las y los jueces, fiscales y defensores quienes tienen la responsabilidad de definir y aplicar los criterios que van a regir durante todo el proceso, como así también en las sentencias, criterios que hoy carecen de perspectiva de género. Por ello entendemos que es necesaria la implementación de manera urgente en el Poder Judicial de la capacitación efectiva y obligatoria establecida en la Ley Micaela, con participación del sindicato.

Aún mayor es la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General, a los que seguimos exigiendo la creación del área de políticas de Género con participación de les trabajadores para garantizar la accesibilidad y respuesta integral a las víctimas de violencia de género, como así también para garantizar la equidad e igualdad de género y la eliminación de las violencias en el ámbito laboral.

¡Sin perspectiva de género, no hay justicia!

Les trabajadoras judiciales también somos víctimas del Poder Judicial machista y patriarcal

Las trabajadoras mujeres, lesbianas, travestis, trans, bi sexuales y no binaries del Poder Judicial somos víctimas en el ámbito laboral de la misma vulneración de derechos. La violencia de género y el acoso en nuestro trabajo son cada vez más frecuentes, como así también la falta de respuesta ante las denuncias que realizamos contra la violencia ejercida por magistrados y funcionarios. Hace un año, gracias a la lucha del sindicato, logramos la expulsión del Juez García de Olavarría por acoso sexual y violencia de género. Hoy seguimos exigiendo respuestas en casos similares como el del juez de familia Lullo de Lomas de Zamora, denunciado por la AJB ante la Suprema Corte y el Jurado de Enjuiciamiento por ejercer violencia hacia sus ex parejas y aplicar el falso SAP en sus sentencias. ¡Exigimos su licencia compulsiva YA!

También la discriminación y el sexismo están a la orden del día en nuestros ámbitos laborales, y durante la pandemia fuimos y seguimos siendo las mujeres las más afectadas. La vulneración de las dispensas laborales por cuidado de hijes y de adultes mayores – que recae mayormente sobre las mujeres e identidades feminizadas- es solo un ejemplo. Así también, somos las más perjudicadas en la carrera judicial, teniendo en cuenta que representamos el 56% del total de trabajadoras y trabajadores de la Justicia, y sólo el 23,4% ocupamos cargos jerárquicos.

Exigimos a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración General el acceso igualitario a cargos y funciones; el respeto a las dispensas por cuidado, como así también la modificación de las licencias familiares con criterios de equidad e igualdad de género; el cese de las violencias en el ámbito laboral y el respeto a la licencia laboral por violencia de género conquistada con la lucha de les trabajadores. Asimismo, exigimos al máximo tribunal una respuesta inmediata a las denuncias radicadas por violencia de género por ante la Subsecretaría de Control Disciplinario. ¡Basta de encubrir a los magistrados violentos!

Reclamamos una reforma judicial con perspectiva de género

Para hablar de reforma Judicial con perspectiva de género tenemos que tocar privilegios además de destinar recursos y políticas. Eliminar los privilegios de magistrados y magistradas implica modificar el sistema de selección de jueces, incorporando mecanismos que permitan que sean elegidos a través de la participación popular, que exista paridad y que acrediten formación con perspectiva de género y derechos humanos.

Asimismo, para mejorar el funcionamiento de este poder del Estado, son condiciones indispensables la asignación de una mayor cantidad de recursos, establecer políticas claras y garantizar condiciones dignas de labor a sus trabajadores y trabajadoras.

El Estado es responsable

La Justicia es solo un eslabón en la cadena de responsabilidad que existe ante la violencia de género y su expresión más brutal, como son los femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio.

Para prevenir, investigar, sancionar, asistir y reparar la violencia de género es necesario que el Estado desarrolle políticas de género integrales y aumente el presupuesto para la aplicación de las normas que regulan la materia, como la Ley 26.485.

Asimismo, es necesario reformar también otras instituciones estatales, tales como las fuerzas de seguridad, que cumplen un rol clave en la recepción de las denuncias y cuyos integrantes tienen la más alta tasa de participación en los hechos de violencia de género.

Les trabajadores judiciales sabemos que para que no haya una muerta más en nuestro país, estas transformaciones en la Justicia y en el Estado son urgentes.

También sabemos que la lucha en las calles es el camino, por eso este #8M convocamos al paro internacional feminista y a movilizar en todas las localidades de la provincia, exigiendo:

1) La reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación del sistema de selección de magistrados y magistradas de la justicia provincial, incorporando mecanismos que garanticen la participación del pueblo en su elección y remoción, la paridad y la perspectiva de género y derechos humanos.

2) Jury a los magistrados violentos y que se apliquen los estándares internacionales y normativas vigentes en materia de género.

3) Que se garantice el efectivo acceso a la justicia, y la investigación y procesos con perspectiva de género. Asesoramiento jurídico gratuito; trato digno, humanizado y especializado; acompañamiento, protección, asistencia, prevención y reparación del daño; unificación de causas y celeridad son algunos de los criterios fundamentales. La aplicación efectiva y obligatoria de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.

4) La creación del área de políticas de género con participación de les trabajadores en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

5) El cese de las violencias en el ámbito laboral, el respeto a la licencia laboral por violencia de género y la respuesta inmediata a las denuncias radicadas por violencia de género por ante la Subsecretaría de Control Disciplinario.

6) El acceso igualitario a cargos y funciones, el respeto a las dispensas por cuidado y la modificación de las licencias familiares con criterio de equidad e igualdad de género.

7) La implementación del cupo laboral travesti – trans en el Poder Judicial.

8) Salarios que recuperen lo perdido y superen los niveles inflacionarios; presupuesto, nombramiento de personal y condiciones dignas de trabajo que aseguren el abordaje adecuado y específico de las causas de género.

9) Políticas de género integrales y aumento de presupuesto para su implementación y para leyes como la 26.485.

¡Basta de femicidios y de justicia patriarcal!

¡El Estado es responsable!

¡Ni Una Menos, Vivas nos queremos!

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