La AJB saluda el fallo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Triple A por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975.
ago 10, 2021
El pasado 2 de agosto los jueces Roberto Daniel Amábile, Pablo Díaz Lacaba y Marcos Aguerrido, en una decisión histórica condenaron a Raúl Roberto Aceituno, Héctor Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio, integrantes de la organización de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina conocida como Triple A, por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en lo que fuera la antesala de la última y sangrienta dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976 en nuestro país.
Forcelli, Pallero y Curzio fueron condenados a diez años de cárcel por el delito de asociación ilícita, en tanto que Raúl Aceituno recibió la pena de prisión perpetua por su condición de coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas del estudiante de Ingeniería y militante de la Federación Juvenil Comunista, y ex presidente de la Federación Universitaria de Bahía Blanca, David “Watu” Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita con los tres primeros.
Cilleruelo fue asesinado el 3 de abril de 1975 frente a decenas de estudiantes en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur –UNS- por integrantes de “seguridad y vigilancia” de la casa de altos estudios, hecho del cual Aceituno es el único sobreviviente, habiendo fallecido su autor directo, Jorge Oscar Argibay.
A lo largo del juicio se pudo comprobar que los cuatro imputados eran integrantes de la Triple A en la ciudad de Bahía Blanca y que respondían al entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetus, quien utilizó a este grupo de choque con el objetivo de eliminar toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial del ámbito universitario.
Es importante destacar que la sentencia también hace lugar a las medidas reparatorias complementarias solicitadas por la Fiscalía, y ordena enviar copia del veredicto y la sentencia a la Universidad Nacional del Sur y a la Universidad Tecnológica Nacional a fin de que evalúen la anulación de las cesantías de las y los empleados no docentes, docentes, y la expulsión de alumnas y alumnos, como así también la posibilidad de otorgar el título de Doctor Honoris Causa a David Hover Cilleruello.
Por su participación en la Triple A bahiense también es investigado el ex Juez de la Cámara Federal Néstor Luis Montezanti, quien había sido llamado a declaración indagatoria por sus presuntas actuaciones en esta banda terrorista estatal entre 1974 y 1975 y por su rol de agente de inteligencia de la dictadura en la Universidad Nacional del Sur revistando como personal civil de Inteligencia del Destacamento 181 desde 1980 donde prestó funciones como “asesor universitario”.
Montezanti, al igual que el Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, realizó tareas de espionaje durante la dictadura y en un comportamiento similar a su colega de la justicia bonaerense Pedro Hooft, se valió de sus fueros para negarse a declarar, fue declarado rebelde y se le prohibió la salida del país, hasta que finalmente pudo ser indagado en 2018 y procesado durante el 2020.
“Los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata y La Plata y el Operativo Independencia llevado a cabo por el Ejército en el monte tucumano daban cuentan anticipada de los alcances del plan de exterminio que luego ejecutaría las Fuerzas Armadas mediante el uso sistemático de la inteligencia, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas”, señaló Mariano Fernández, secretario de Derechos Humanos de la AJB.
Respecto del fallo, Fernández expresó: “Este fallo tiene una trascendencia jurídica y política de relevancia para la construcción integral del momento histórico que abarca el proceso de Memoria, Verdad y Justicia todavía inconcluso en nuestro país, porque abarca la represión ilegal ejecutada por grupos de civiles amparados por el Estado con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, motivo por el cual esos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad. Es por eso que desde la AJB saludamos la decisión del Tribunal y esperamos que la condena sea cumplida de manera efectiva y en cárceles comunes”.
